LA NECESIDAD DE UNA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Es indiscutible el incumplimiento del Estado ecuatoriano de las metas propuestas en salud, “especialmente en lo concerniente a la mortalidad materna y el embarazo adolescente”, así lo planteó el gobierno anterior frente a su antecesor y, en su Plan de Desarrollo 2017-2021, se comprometió a “asegurar los entornos para el pleno ejercicio del derecho de la población a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su salud sexual y reproductiva, tomando en consideración sus contextos geográficos, sociales y culturales, sin menoscabo de los derechos garantizados constitucionalmente”. Una vez transcurrido el gobierno de Moreno, hemos constatado la ausencia de condiciones para el cumplimiento de estos derechos, y en perspectiva, hay poca o ninguna espectativa de lo que pasará en el gobierno actual al respecto.
Hasta el momento todos somos testigos de la nula inversión pública central y local, por ejemplo, en programas de salud y educación que prevengan el embarazo adolescente y que garanticen las mejores condiciones para el desarrollo y bienestar integral de la niñez, adolescencia y juventud en el Ecuador. En contraposición, información generada por el propio Estado ecuatoriano (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – ENSANUT, INEC, 2018) indica que, al menos 1 de cada 5 adolescentes en el país no ha recibido información sobre relaciones sexuales, embarazo, parto, tampoco sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Señala también que el promedio de la primera relación sexual en niñas y adolescentes, son los 16 años.
Si los gobiernos anteriores no pusieron los medios para el acceso a servicios públicos de calidad en salud sexual y reproductiva y educación sexual integral para jóvenes, tampoco lo hará el actual. Esto se debe a que antes y ahora hay una complicada imbricación de ausencia de políticas públicas y anteposición de ideologías conservadoras que quieren establecerse por omisión u oposición como norma de lo que debe suceder en la vida de las y los ecuatorianos. Esto nos afecta a todos puesto que, por una parte, muchos de los servicios privados de salud y educación a los que pueden acceder niños y jóvenes provenientes de familias con ingresos medios y altos, están impregnados por un conservadurismo que limita el ejercicio de sus derechos en este campo y reproducen roles y estereotipos sexistas. Por otro lado, quienes viven en situación de pobreza, son los mayormente perjudicados pues los servicios públicos de salud y educación a los que tienen acceso son limitados y de muy baja calidad.
Precisamente, esta es una de las aristas que ha llevado a un incremento notable de la deuda social del Estado con los y las ecuatorianas. El propio Gobierno anterior cuantificó para el año 2017, en US$ 472.9 millones el costo de lo no invertido únicamente por el Ministerio de Salud en servicios adecuados con este fin.
Las consecuencias sociales de la indolente ausencia de inversión y políticas públicas en estos dos aspectos son significativas en el Ecuador. Para el año 2006, el porcentaje de nacimientos en mujeres entre 12 y 17 años fue de 8,1% y, para el 2015 subió al 10,2%. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021). En el año 2020 las cifras son mayores; según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- INEC nacieron vivos 265.437 niños, de ellos, 44.887, es decir, el 16,9% fueron hijos de madres adolescentes que tenían entre 15 y 19 años y, 1.631 fueron bebés nacidos vivos de niñas menores de 14 años, lo que, de hecho es considerado como resultado de una violación, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). También es importante enunciar un dato expuesto por el INEC, según el cual, entre 2010 y 2020, en el Ecuador nacieron 626.793 bebés de niñas y adolescentes.
Organismos internacionales (UNFPA 2020) han medido el impacto socioeconómico del embarazo en la adolescencia, para seis países de América Latina, entre los que está el Ecuador, sus cálculos colocan este costo en 1.242 millones de dólares o 0,35% del PIB anual. Los impactos del embarazo adolescente también se sienten en situaciones adversas directas en la vida de las niñas, como la deserción escolar. La CAF en el año 2021 indicó que, en la región, el 36 % de los casos de desvinculación escolar de niñas y adolescentes mujeres pueden atribuirse al embarazo o a la maternidad, lo que afecta sus posibilidades de educación, oportunidades laborales, etc., es decir, el embarazo adolescente coloca en condiciones de vulnerabilidad económica y social, a las madres adolescentes y a sus hijos.
Otra problemática muy seria que nos aqueja en el país es la violencia contra las mujeres y personas de las diversidades sexo-genéricas. El INEC en 2019 levantó la segunda Encuesta Nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres ENVIGMU -2019. Estos datos muestran el nivel de violencia fisica, sexual, psicológica, económica o patrimonial y gineco-osbtétrica contra las mujeres en el Ecuador. Para la provincia del Azuay se reporta que, lamentablemente, el 79.2% de las mujeres han sufrido uno o varios tipos de violencia en su vida, siendo este el porcentaje más alto en todo el país. Ante la pregunta de si han soportado violencia en los 12 meses del año 2019, el 46.2% de mujeres en el Azuay respondieron afirmativamente, lo que vuelve a colocar a esta provincia en la de más alta incidencia de violencia en el país. Al analizar la violencia contra la mujer en el ámbito educativo, en el Azuay se reporta el 27.7%, lo que nos ubica como la segunda provincia con más casos de este tipo de violencia.
Como se puede ver, así como en salud hacen falta políticas que incidan favorablemente en el cambio de estas condiciones de vida, también son urgentes la inclusión de sus equivalentes en educación; nos referimos a la necesidad de una educación sexual dirigida a niñas, niños y adolescentes, con un enfoque integral, lo que, a decir de la UNESCO, significa una “educación sobre los derechos humanos, la sexualidad humana, la igualdad de género, la pubertad, las relaciones sexuales y la salud reproductiva”.
Muchos países incluyen en su educación regular planes curriculares de educación sexual, en iguales condiciones que otros aspectos de los planes de estudio. Son programas adecuados a la edad de los chicos y chicas. El objetivo de éstos es aportar progresivamente a niños y jóvenes información clara y confiable, basada en evidencias, sobre su desarrollo físico, psicológico, social, afectivo, relacionado con su sexualidad e integralmente con su persona. El propósito de estos programas también es apoyar el arraigo de herramientas, habilidades, actitudes y valores que los acompañe en cada momento de la vida para disfrutar oportunamente, de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales no impulsivas y basadas en el respeto; entender cómo sus decisiones afectan a su propio bienestar y al de otras personas; proteger y velar por sus derechos y hacerse cargo de sus responsabilidades, de tal manera que puedan postergar en lo posible el inicio de su vida sexual y detectar situaciones de riesgo de violencia por razones de género.
La implementación de una educación integral de la sexualidad, además, contribuye al desarrollo de la identidad y plan de vida de chicos y chicas que deje por fuera patrones de comportamiento y expectativas sexistas para sí y para los demás y que rompa la cultura homofóbica, aspectos que, actualmente, son la raíz de los altos índices de embarazo adolescente y violencia de género fuertemente presentes en las relaciones de pareja y familiares, en el barrio, en las instituciones educativas de nuestra provincia; sexismo y violencia cuya máxima expresión es el femicidio.
Programas de educación sexual integral no han faltado en el Ecuador. Muchos de ellos han sido desarrollados por agencias de Naciones Unidas como UNICEF, Organización Panamericana de la Salud -OPS, y agencias de cooperación internacional. Lo que ha faltado y falta en este país es la decisión política y responsabilidad social de los gobiernos centrales y locales de turno para implementarlos. Esta deuda seguirá pendiente mientras se priorice el pago de la deuda externa a la deuda interna social y, mientras las pocas voces que representan posturas retardatarias y conservadoras, tengan poder y fuerza para neutralizar las demandas ciudadanas expresadas de muchas maneras, una de las cuales son las consultas ciudadanas que, los propios gobiernos, han realizado para la elaboración de sus planes de desarrollo, las cuales, reiteradamente, han manifestado sus aspiraciones de que se incorpore una educación integral de la sexualidad en las escuelas y colegios, en coordinación con los hogares.
El derecho internacional y la Constitución del Ecuador, asignan al Estado en sus diferentes niveles territoriales, la responsabilidad de dar solución a estas problemáticas a través de políticas públicas y programas de salud y educación, porque atentan a derechos fundamentales de las personas, lo que no elimina ni coharta la responsabilidad de las familias y la sociedad de contribuir desde sus atribuciones y responsabilidades a la prevención y tratamiento de situaciones tan complejas como las descritas que afectan a la niñez y juventud. No obstante, es necesario poner en claro que, respetables creencias y mandatos de los cultos religiosos escogidos por grupos de familias, haciendo uso de su derecho a la libertad para educar a sus hijos e hijas, no pueden reemplazar y convertirse, por omisión e imposición, en las políticas públicas de salud y educación para todos los ecuatorianos.
Ciudadana comprometida con el desarrollo de políticas públicas, programas y proyectos de diferentes niveles educativos en varios lugares del Ecuador, en los que ha explorado alternativas teóricas y prácticas para que niños, niñas y jóvenes tengan experiencias pedagógicas que aporten integralmente a sus vidas al hacer realidad su derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad.
