AGENDA PARLAMENTARIA SOCIAL, AMBIENTALISTA Y DEMOCRÁTICA
El 14 de mayo del 2021 se instalará la nueva Asamblea Nacional por lo que deberán definirse las agendas parlamentarias de las diversas bancadas legislativas y de las respectivas alianzas, siendo importante contribuir al debate del “qué hacer” en este importante espacio de representación política donde se disputan intereses sociales, económicos y políticos.
Consideraciones previas
La propuesta de una agenda legislativa a la vez que tiene que enmarcarse en la Constitución de la República y el programa político presentado para las elecciones, debe considerar la representación social del partido, la situación política nacional e internacional, la posición frente al gobierno a instalarse, los objetivos políticos para el periodo y por supuesto la correlación de fuerzas necesaria para alcanzar las propuestas de legislación y fiscalización.
En el país en los últimos catorce años se conformó un modelo de desarrollo neoliberal contrario al establecido en la Constitución de la República, se dictaron leyes, decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales reñidos con el sistema de derechos establecido en la Ley Fundamental, el Estado Decretal se impuso sobre el Estado Constitucional, no se hizo efectiva la plurinacionalidad y la interculturalidad, se instauró el despilfarro y la corrupción estatalmente organizada cuyos efectos siguen repercutiendo en circunstancias de crisis económica, fiscal, sanitaria y moral del país.
En esta situación es necesario desarrollar una agenda legislativa para enfrentar el neoliberalismo, avanzar en democracia y equidad social, garantizar los derechos colectivos y de la naturaleza, establecer una economía ética para la vida digna, que apoye a la producción campesina, fomente la economía y las finanzas populares y solidarias y establezca un marco institucional que permita luchar contra la corrupción.
Objetivos de la acción parlamentaria
De la evaluación de la aplicación de la Constitución de la República y la situación económica, social y política del país, se desprenden cuatro objetivos fundamentales para la tarea legislativa y fiscalizadora:
- Desestructurar la normatividad jurídica que apuntala el neoliberalismo y adecuar la misma al régimen de desarrollo establecido en la Constitución.
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- Derogar la normatividad jurídica contraria a las normas constitucionales sobre derechos colectivos, derechos de la naturaleza y al medio ambiente,
- Desarrollar e implementar un sistema nacional anticorrupción para garantizar un manejo ético de los recursos públicos.
Objetivos generales y medios jurídicos
OBJETIVO GENERAL: “Desestructurar la normatividad jurídica que apuntala el neoliberalismo y adecuarla al régimen de desarrollo establecido en la constitución”.
Para lograr este objetivo se plantea reformar los siguientes cuerpos normativos:
- El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010) en cuyo Art. 100 se contraviene la Constitución que ordena que la excepcionalidad de la delegación a la iniciativa privada debe hacerse en los casos que establezca la ley y no por “decreto” del Presidente de la República.
- La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, para proteger las finanzas populares y solidarias con un régimen diferenciado de los bancos.
- El Código Orgánico Monetario y Financiero para fortalecer la autonomía técnica del BCE, tanto del gobierno como de la banca.
- La Ley de Seguridad Social para garantizar los aportes del Estado al financiamiento del IESS.
- El Código de la Salud para fortalecer el sistema de salud público, su financiamiento y prevenir la privatización.
- La Ley Orgánica de Educación para fortalecer el sistema de educación público, la interculturalidad, educación en valores e identidad histórica y geográfica y la educación en la ruralidad.
OBJETIVO GENERAL: “Hacer efectiva la vigencia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia”
Para lograr este objetivo se plantea reformar los siguientes cuerpos normativos:
- Elaborar la Ley Orgánica delSistema Nacional de Gestión de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, para hacer efectivo el Art. 1 de la Constitución.
- Reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para eliminar normas que reducen la acción de protección a una acción subsidiaria y reforzar la ejecución de medidas cautelares y sentencias de los jueces constitucionales.
- Reformar el Código Orgánico de la Función Judicial para normar de manera más específica el concurso para jueces y fiscales y evitar al máximo la discrecionalidad, en cuyo marco se dictará el reglamento respectivo; asegurar la transparencia de los procesos de concursos para jueces y fiscales; afianzar la autonomía de la Fiscalía General del Estado y normar la justicia indígena.
- Reformar al Código de la Democracia, para evitar la manipulación de resultados electorales; establecer un método estable y democrático de distribución de escaños; armonizar las normas del COIP con las de inscripción de procesados que pretenden ser candidatos; mayor control de aportes a campañas y del funcionamiento democrático de partidos.
- Reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para agilitar el juicio político y el trámite de destitución a los asambleístas inmersos en actos de corrupción.
- Reformar la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo que afectan la autonomía de los GAD Municipales.
OBJETIVO GENERAL: “Derogar la normatividad jurídica contraria a las normas constitucionales sobre derechos colectivos, derechos de la naturaleza y medio ambiente”
Para lograr este objetivo se plantea reformar los siguientes cuerpos normativos:
- La Ley de Minería para derogar las reformas elaboradas en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, publicadas en el RO 2S 37del 16 de julio del 2013, que benefician a las empresas mineras en detrimento de los intereses nacionales y los derechos de la naturaleza, las fuentes de agua y de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
- El Código Orgánico del Ambiente, para: fortalecer el Subsistema Autónomo Descentralizado de áreas protegidas y la agilidad del trámite de dichas áreas en el MAE; garantizar los bosques y vegetación protectores naturales respecto de las actividades antrópicas y extractiva, así como los ecosistemas frágiles.
- La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que establece la prevención a los impactos ambientales a perpetuidad que afectan a las fuentes hídricas, y que se encuentra para segundo debate en la Asamblea Nacional desde el 25 de noviembre del 2020 enviada por la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales.
OBJETIVO GENERAL: “Desarrollar e implementar un sistema nacional anticorrupción para garantizar un manejo ético de los recursos públicos”
Para lograr este objetivo se plantean los siguientes medios jurídicos:
- Elaborar el Código Orgánico del Sistema Nacional para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción.
- Reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para controlar los estudios de precios de mercado para definir pliegos y ofertas; evitar imposición de precios por los monopolios; redacción precisa de normas de la ley para evitar ambigüedades; y, restringir delegación de legislación secundaria a la SERCOP.
- Reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para que en determinados casos se pueda realizar control preventivo y concurrente; absolver consultas sobre el trámite a casos específico, delimitados y concretos; establecer con precisión los plazos y términos de recursos y caducidad de informes con vistas a la seguridad jurídica; y que las auditorias se hagan por proyectos (si son de corto plazo), o por etapas o fases (en proyectos de largo plazo).
- Agilitar la expedición de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Dictamen de la Corte Constitucional No. 1-21-OP/21 del 17 de marzo de 2021.
Objetivos de la fiscalización
- En esta agenda debe incluirse la fiscalización a las actuaciones privatizadoras del gobierno de Lenin Moreno, las contrataciones de bienes, servicios, obras públicas y concesiones de última hora, así como la actuación del CNE y TCE en el proceso Elecciones Generales 2021 y exigir a la CGE la auditoría al sistema informático del CNE.
- En el ámbito de la salud pública y la seguridad social, debería convocarse al Ministro de Salud para que informe sobre la estrategia para enfrentar la pandemia viral, el plan de vacunación, contratos e importaciones de vacunas. el proceso de vacunación, los costos de exámenes y pruebas en los laboratorios privados; exigir al gobierno que declare el uso público de los hospitales privados para la atención de pacientes graves de Covid 19 y convocar al Presidente del IESS para que informe sobre la situación económica y las acciones para su sostenibilidad y refinanciamiento.
- En materia de la lucha anticorrupción debería convocarse a la Fiscal General del Estado para que informe sobre el avance de la investigación de los casos de corrupción y la negociación de petróleo con Petrochina.
- En el ámbito ambiental resolución de la Asamblea Nacional para que se respete la consulta popular de Cuenca y convocar al Ministro del Ambiente para que informe sobre la delimitación de las zonas de Zonas de Recarga Hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay del cantón Cuenca.
- En lo económico convocar al Ministro de Economía para que informe sobre la deuda pública y los planes de refinanciamiento; exigir a la CGE que realice un examen especial sobre la deuda pública y una auditoría el seguimiento de sus recomendaciones sobre esta materia; convocar al Ministro de Agricultura para que informe sobre las acciones para fortalecer la producción de pequeños y medianos productores agrícolas y líneas de crédito para el sector; la asistencia técnica y programas de mecanización agrícola y riego; acelerar la titularización de tierras en posesión individual y colectiva; y, convocar al Ministro de Recurso Naturales No Renovables para que explique la situación de la producción petrolera, los últimos contratos y planes futuros para el sector.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
